El Caso: Una trabajadora prestaba servicios de cuidado a un adulto mayor sin contrato, sin pago de cotizaciones y en absoluta informalidad.

Nuestra Estrategia: Solicitamos la declaración de la relación laboral y ejercimos el autodespido por no pago de cotizaciones previsionales y demás incumplimientos contractuales (Art. 160 N° 7 del Código del Trabajo):

1) Acreditamos la existencia de la relación laboral encubierta.

2) Acreditamos el no pago de cotizaciones.

El Resultado: Logramos que se declarara la relación laboral de nuestra clienta, que se encontraba en informalidad, y se condenó a su ex jefe a pagar:

• Indemnización sustitutiva del aviso previo ($1.257.300).
• Indemnización por años de servicio ($1.257.300).
• Recargo legal del 50% por autodespido ($628.650).
• Feriado legal ($1.050.155) y proporcional ($170.155).
• Se declaró la nulidad del despido (Ley Bustos), ordenando el pago de las remuneraciones mensuales desde la fecha del autodespido hasta que se convalide el pago íntegro de las cotizaciones adeudadas (más de $23.000.000).

El Caso: A una funcionaria la denunció por Ley Karin un grupo de compañeras de trabajo. Se le formularon cargos y se la acusó de falta a la probidad administrativa, y en la vista fiscal se propuso su destitución, por supuestamente haber acosado laboralmente a sus pares tras, según la denunciante, “dejarla en vergüenza”.

Nuestra Estrategia: Para evitar su destitución, hicimos lo siguiente:

1) La asesoramos en su declaración: le explicamos cómo es la dinámica y la ayudamos a ordenar sus ideas.

2) Revisamos el expediente: estudiamos las numerosas fojas y declaraciones en su contra.

3) Redactamos los descargos: elaboramos la estructura de defensa, atacamos los cargos y planteamos una estructura probatoria.

El Resultado: ¡Logramos evitar la destitución! Nuestra clienta fue sobreseída de toda responsabilidad disciplinaria frente a la acusación por Ley Karin de sus compañeras.

El Caso: Se acusó a nuestra representada de infringir el principio de probidad administrativa (Art. 61 letra G del DFL-29) por presuntamente participar en una competencia deportiva estando con licencia médica el año 2024, con la cual justificó su ausencia a trabajar.

Nuestra Estrategia: Para evitar su destitución nos basamos en 5 puntos claves:

1) Acreditación del origen legítimo de la licencia: La licencia fue válida, emitida presencialmente tras exámenes médicos reales que justificaron el reposo total.

2) Falta de prueba sobre actividad física: Nuestra representada solo asistió un breve lapso como espectadora y que no existe prueba en el expediente que acredite que haya competido o realizado esfuerzo físico.

3) Falla en la tipicidad del cargo: Señala que no aplica la infracción al desempeño del cargo porque la funcionaria se encontraba en reposo médico autorizado.

4) Desproporcionalidad e historial intachable: Destaca su intachable carrera de 5 años y argumenta que la imputación es desproporcionada en comparación con faltas reales a la probidad.

5) Apertura de término probatorio: Pide abrir un plazo de 3 días para aportar nuevas pruebas a su favor.

El Resultado: ¡Logramos evitar la destitución por falta a la probidad administrativa!, sancionaron a nuestra representada con una multa: 20% de una remuneración mensual.

El Caso: Una administradora de local con 11 años de antigüedad fue despedida por la causal de acoso laboral (Ley Karin) a raíz de la denuncia de un subalterno. Aunque el informe interno de la empresa dio por probados los hechos en febrero, el empleador notificó el despido casi tres meses después, en mayo.

Nuestra estrategia: Sin perjuicio de discutir el fondo del procedimiento, enfocamos la defensa jurídica en la extemporaneidad de la sanción. Sostuvimos la doctrina del “Perdón de la Causal” (falta de inmediatez y contemporaneidad en el ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador) y desacreditamos la justificación de la empresa, demostrando que no existió prueba de que hubiesen remitido a tiempo los antecedentes a la Dirección del Trabajo para justificar su demora.

El Resultado: El tribunal acogió la demanda por despido indebido, ordenando a la empresa el pago total de la indemnización sustitutiva de aviso previo, 11 años de indemnización por años de servicio y el recargo legal del 80%, alcanzando una condena superior a los $28.600.000.– (más reajustes e intereses).

El Caso: Se acusa al Director Técnico de una Droguería, perteneciente a un Servicio de Salud Regional, por falta de control y cuidado en el vencimiento de medicamentos e insumos, arriesgando una sanción gravosa de destitución.

Nuestra Acción: Brindamos un acompañamiento legal integral, asumiendo una defensa estratégica que desarticuló las imputaciones formales y de fondo formuladas en su contra.

Contención y Estrategia:

1) Demostramos que las imputaciones padecían de graves vicios formales (indeterminación de productos y falta de taxatividad).

2) Acreditamos que el vencimiento obedeció a fallas logísticas estructurales de la red y no a negligencia personal.

3) Comprobamos que varios de los hechos imputados coincidían con periodos en que el funcionario ejercía legítimamente su permiso gremial, advirtiendo además sobre una eventual vulneración a la libertad sindical.

El Resultado: ¡Logramos evitar la Destitución! Se emitió la resolución que determinó el sobreseimiento total de responsabilidad administrativa.

Su empleadora, una clínica veterinaria, la tenía contratada a honorarios los días feriados, fines de semanas y reemplazos; la despidieron vía WhatsApp luego de 5 meses de trabajo en informalidad.

Resultado: $4.555.208.-

Logramos que el tribunal declarara la existencia de la relación laboral, su indemnización por aviso previo, el pago de cotizaciones previsionales y la sanción de Nulidad del Despido.

Su empleador para evitar pagar indemnizaciones por aviso previo y años de servicio, la contrataba por obra, una vez concluido el supuesto proyecto, firmaban un nuevo contrato y así sucesivamente durante un periodo de 3 años, privándola finalmente de todos los conceptos que le correspondían legalmente al momento de su despido.

Resultado: $4.262.5000.-

Logramos que el tribunal declarara que la relación laboral se extendió desde el día 30 de noviembre de 2020 (fecha del primer contrato) hasta el 05 de enero de 2024 (fecha del despido).

Ante el no pago de cotizaciones previsionales por parte de su empleador y este mantenerlo en informalidad sin contrato de trabajo durante un periodo de 9 meses, decidió hacer uso del artículo 171 y auto despedirse. 

Resultado: $11.834.482.- 

Se reconoció la relación laboral y se condenó a su empleador al pago de: aviso previo, feriado, cotizaciones de AFP, FONASA y AFC adeudadas, además de la sanción de “nulidad del despido” del artículo 162, conforme a la cual el empleador deberá pagar 1 remuneración por cada mes que transcurra contadas desde el despido hasta la fecha del pago de las cotizaciones adeudadas.

Fue despedida por la causal 161 inciso 1º “necesidades de la empresa”.

Al momento del despido y después de 3 años de trabajo, su empleador le descontó arbitrariamente de su finiquito, la suma de $3.583.480 por concepto del pago de sus estudios universitarios.

Como si lo anterior no fuera suficiente, calculo sus derechos laborales con una base de cálculo menor, perjudicándola económicamente.

Resultado: $9.893.282.-

El despido fue declarado injustificado, además el tribunal condenó al empleador a restituir íntegramente los $3.583.480 descontados por concepto de estudios universitarios, y se

recalculó el monto que le correspondía a su favor.

El empleador recurrió de nulidad en la Corte de Apelaciones, no prosperando su intento de revertir el fallo. Finalmente, la causa se iría a Cobranza Laboral pasando la cuantía de la deuda de $7.075.869 a $9.893.282 por intereses y reajustes.

Nuestro Cliente J.C. (Operario de Producción) fue despedido por las causales 160 Nº 7, esto es, “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.

J.C, de origen Haitiano y cuya lengua materna no es el español, después de 4 años trabajando para su Empleador, habría vulnerado protocolos de la empresa al tratar a una jefatura de ”ahueonao”; y “estúpido”: Pese haber ofrecido disculpas por el mal entendido, el trabajador se fue con $0.

Resultado: $6.542.091.-

El despido fue declarado injustificado por el tribunal sobre la base del siguiente razonamiento:

1) El trabajador extranjero de origen haitiano no cuenta con las mismas herramientas comunicaciones que un trabajador Chileno, por lo tanto el estándar de exigibilidad es distinto;

2) Los insultos no se refería a la jefatura, si no a la orden entregada la cual ponía en peligro una línea de producción completa; 3) El actuar de J.C. no se puso en peligro la integridad de la empresa.